La Ciudad avanza contra el circuito de celulares robados

La Ciudad de Buenos Aires intensificó los controles sobre los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de celulares y, en apenas quince días, clausuró 112 locales por distintas irregularidades vinculadas con la procedencia de los equipos.

Los operativos también derivaron en cinco detenciones y en el secuestro de teléfonos, repuestos y herramientas utilizadas para desarmar y reparar dispositivos.

La ofensiva busca cortar uno de los circuitos utilizados para que celulares robados vuelvan al mercado como productos aparentemente legales.

“Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al despliegue.

El refuerzo de la fiscalización comenzó a partir de un decreto que declaró la emergencia transitoria de la actividad y estableció nuevas condiciones para los negocios del sector.

Entre las principales medidas se encuentra la creación de un registro específico para quienes se dedican a la reparación y comercialización de celulares usados, junto con un esquema de controles más estrictos sobre los establecimientos y la mercadería que manejan.

Además, quedaron suspendidas nuevas habilitaciones para este tipo de actividad en determinadas zonas consideradas críticas por la concentración de comercios vinculados con la compraventa y reparación de teléfonos.

El esquema abarca sectores de Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo, donde el Gobierno porteño puso el foco para detectar posibles irregularidades en la cadena de comercialización.

Uno de los primeros puntos donde se desplegaron los procedimientos fue Once, un área con una fuerte presencia de locales dedicados a la reparación y reventa de dispositivos usados.

Allí, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, realizaron intervenciones en distintos establecimientos y galerías comerciales.

Los operativos alcanzaron locales ubicados sobre la avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003 y distintos puntos de las galerías La Juanita, La Internacional y La Recova.

En uno de los procedimientos, realizado en el local 47 de la galería situada en Azcuénaga y Pueyrredón, fueron secuestrados 22 celulares, 79 módulos y diferentes herramientas de soldadura utilizadas para tareas de servicio técnico.

Entre los dispositivos recuperados había teléfonos de marcas reconocidas como iPhone, Motorola y Samsung. Parte de los equipos presentaba denuncias vigentes por robo registradas ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mientras que en otros casos los responsables de los comercios no pudieron acreditar de manera suficiente el origen de los aparatos.

Este punto resulta central para entender el objetivo de los controles. Un teléfono sustraído puede volver rápidamente al circuito comercial después de ser vendido, reparado, desarmado o utilizado como fuente de repuestos.

De esa manera, el delito no termina con el robo en la calle, sino que encuentra una segunda etapa en establecimientos donde el dispositivo puede ser reacondicionado y puesto nuevamente a la venta.

La estrategia oficial apunta precisamente a interrumpir ese circuito. Para el Gobierno porteño, controlar la documentación y la procedencia de los equipos permite actuar no sólo sobre quienes sustraen los teléfonos, sino también sobre quienes reciben, almacenan, desarman o comercializan dispositivos cuya procedencia no pueden justificar.

Macri endureció el mensaje al referirse a quienes compran teléfonos robados con el objetivo de obtener ganancias a partir de sus componentes.

“El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Los 112 locales clausurados durante estas primeras dos semanas muestran la magnitud que alcanzó el operativo. A esto se suman las cinco personas detenidas y los elementos secuestrados durante los procedimientos, que ahora forman parte de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras etapas de la cadena delictiva.

La medida también modifica el escenario para los comerciantes que trabajan legalmente. El nuevo registro busca establecer con mayor claridad quiénes desarrollan actividades de compra, venta y reparación de teléfonos usados, mientras que las inspecciones procuran diferenciar a los negocios que pueden acreditar la procedencia de su mercadería de aquellos que operan por fuera de las reglas.

El Gobierno porteño inscribe este operativo dentro de una política de seguridad más amplia. Desde diciembre de 2023, según el balance oficial, la administración de Jorge Macri sostiene que los controles y despliegues policiales permitieron llevar robos y homicidios a niveles mínimos históricos.

En ese marco, la lucha contra el mercado ilegal de celulares aparece como una nueva línea de intervención sobre actividades que alimentan el delito cotidiano.

La misma lógica se aplicó, según la administración porteña, sobre las ocupaciones ilegales de inmuebles. El Gobierno de la Ciudad informó que ya recuperó más de 940 propiedades usurpadas y que fueron restituidas a sus propietarios, con un valor estimado de alrededor de 500 millones de dólares.

A la vez, continúan los controles destinados a detectar construcciones ilegales en distintos barrios y villas, además de los operativos policiales sobre los límites porteños.

En el caso de los celulares, el desafío pasa ahora por sostener los controles y evitar que los circuitos ilegales se desplacen hacia otras zonas o adopten nuevas modalidades.

La presión sobre los comercios que no pueden justificar la procedencia de los equipos busca cerrar una de las puertas de entrada mediante las cuales un objeto robado puede transformarse nuevamente en una mercancía.

La Ciudad, de esta manera, apunta a que la persecución del robo de celulares no quede limitada al momento de la sustracción.

El objetivo es avanzar también sobre quienes reciben y comercializan esos dispositivos y sobre un mercado que, cuando funciona sin controles, puede convertirse en una pieza clave para sostener el negocio delictivo.

Para realizar una denuncia o ante una situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911. También existe la posibilidad de efectuar denuncias de manera presencial en las comisarías de la Policía de la Ciudad o mediante el sistema de Denuncia Online.

El operativo dejó, en sus primeros quince días, un dato contundente: 112 locales clausurados y una actividad comercial que quedó bajo una lupa mucho más estricta.

El Gobierno porteño busca ahora que el control sobre la procedencia de cada equipo permita cortar el circuito antes de que un celular robado vuelva a las calles como si fuera legal.