Más de 960 kilos de estupefacientes fueron destruidos en un operativo oficial

La Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo procedimiento de destrucción de estupefacientes al incinerar más de 960 kilos de droga que habían sido secuestrados en distintas investigaciones por narcotráfico y narcomenudeo.

Entre las sustancias eliminadas se encontraba un importante cargamento de ketamina, además de marihuana y cocaína, en un operativo que refleja la magnitud de las investigaciones desarrolladas por la Justicia federal y las fuerzas de seguridad durante los últimos meses.

“Nuestra lucha para combatir la droga en la Ciudad es constante. El año pasado quemamos 2.250 kilos de droga y en 2024 más de 1.110 kilos.

Hicimos más de 30 mil operativos contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y no vamos a parar”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la supervisión del procedimiento, acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; y el legislador porteño Facundo Del Gaiso.

La destrucción de los estupefacientes correspondió a un total de 13 causas judiciales vinculadas con el tráfico y la comercialización ilegal de drogas.

Del total de la droga incinerada, alrededor de 640 kilos pertenecían a ketamina, más de 183 kilos correspondían a marihuana y otros 137 kilos a cocaína, cifras que muestran el volumen de los secuestros concretados en distintos procedimientos realizados por las autoridades.

Uno de los casos más relevantes fue el decomiso de una importante carga de ketamina realizado durante marzo en el barrio porteño de Caballito.

En aquella oportunidad, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron un camión con patente paraguaya que ocultaba cerca de 400 litros de ketamina líquida en un tanque de combustible especialmente acondicionado para el contrabando de la sustancia.

Ese procedimiento fue considerado uno de los más importantes registrados en la Argentina por la cantidad de droga secuestrada.

Según las estimaciones oficiales, el cargamento tenía un valor cercano a los 1,5 millones de dólares dentro del mercado ilegal, lo que evidencia el enorme negocio económico que representa el narcotráfico y la importancia de las investigaciones destinadas a desarticular estas organizaciones.

La ketamina es un medicamento utilizado legalmente en el ámbito médico como anestésico para intervenciones quirúrgicas y distintos procedimientos clínicos.

Sin embargo, cuando ingresa al circuito clandestino es utilizada como droga recreativa debido a sus fuertes efectos alucinógenos, la alteración de la percepción de la realidad y la sensación de desconexión corporal que produce en quienes la consumen.

Su comercialización ilegal representa un riesgo creciente para la salud pública, especialmente entre jóvenes y personas expuestas al consumo problemático.

El operativo de destrucción comenzó en la sede de la Dirección Antidrogas, donde se encontraba almacenada toda la droga bajo estrictas medidas de seguridad y bajo custodia judicial.

Posteriormente, el material fue trasladado hasta el sector de crematorios del Cementerio de la Chacarita, donde finalmente se concretó la incineración bajo la coordinación de la Policía de la Ciudad y con la presencia de autoridades del Gobierno porteño.

La quema de estupefacientes constituye el último eslabón del proceso judicial luego de que las sustancias son secuestradas, peritadas y autorizadas para su destrucción por la Justicia. El objetivo es impedir que vuelvan a ingresar al circuito ilegal y garantizar la eliminación definitiva de los elementos decomisados durante las investigaciones.

Las cifras difundidas por el Gobierno porteño muestran además la continuidad de este tipo de procedimientos durante los últimos años.

De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos tres años fueron destruidos más de 4.320 kilos de diferentes estupefacientes, entre ellos marihuana, cocaína, ketamina, pastillas de éxtasis y también un lote integrado por 220 vapeadores con THC que habían sido secuestrados en distintos operativos.

Paralelamente, las estadísticas reflejan la intensidad de las acciones desarrolladas contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

En ese período se llevaron adelante 30.067 procedimientos antidroga y, desde 2019 hasta la actualidad, fueron clausurados 298 búnkers utilizados para la venta de estupefacientes, una modalidad delictiva que suele instalarse en distintos barrios y que representa uno de los principales focos de comercialización minorista.

Durante el acto, Jorge Macri volvió a poner el foco sobre el combate al narcomenudeo y sostuvo que este tipo de delito tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

El mandatario remarcó que la venta minorista de drogas afecta especialmente a los barrios y termina involucrando a muchos jóvenes en actividades vinculadas con organizaciones criminales, por lo que consideró fundamental sostener los operativos de prevención, investigación y detención.

En el mismo sentido, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó que la destrucción de la droga representa el cierre de un largo proceso de investigación y trabajo policial.

Señaló que cada cargamento eliminado significa una menor cantidad de sustancias disponibles para el consumo ilegal y reafirmó el compromiso de continuar desarrollando operativos para combatir el narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires.

La incineración de más de 960 kilos de estupefacientes constituye así una de las acciones más importantes realizadas en lo que va del año en materia de lucha contra el narcotráfico.

Además del significativo volumen de droga destruida, el procedimiento volvió a poner en evidencia la dimensión de las organizaciones criminales que operan en el tráfico de sustancias ilícitas y la importancia de mantener investigaciones permanentes para detectar cargamentos, desarticular redes de distribución y evitar que estas drogas lleguen a las calles.

El caso del histórico secuestro de ketamina en Caballito se transformó, además, en uno de los ejemplos más contundentes del trabajo realizado durante los últimos meses para impedir la circulación de una sustancia cuyo valor económico y potencial de daño social la convierten en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad.