Desarticulan red que vendía artículos falsificados por WhatsApp

Un golpe certero contra el comercio ilegal sacudió a la Ciudad de Buenos Aires: la Policía porteña secuestró más de 12.600 productos falsificados, entre termos, mates, bombillas y jarros térmicos, con un valor estimado de 500 millones de pesos.

Los allanamientos, realizados en Liniers y Parque Avellaneda, dejaron al descubierto una red que comercializaba imitaciones peligrosas para la salud bajo la marca “Stanley”.

Estos procedimientos demuestran que detrás de una aparente oferta inofensiva en Internet puede existir un circuito delictivo que pone en riesgo la salud de los consumidores, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, con la Secretaría Única del doctor Daniel González.

La pesquisa fue ejecutada por la División Conductas Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, que logró desarticular un mecanismo aceitado de distribución de mercadería ilegal.

Las indagaciones preliminares revelaron que los productos falsificados se vendían tanto en redes sociales como a través de grupos de WhatsApp, donde los clientes realizaban pedidos que luego eran entregados en un domicilio utilizado como punto de retiro.

Desde allí, los agentes lograron trazar un mapa que los condujo a un depósito en la calle Andalgalá al 1100 y a una imprenta en Parque Avellaneda.

En el primer allanamiento, lo que parecía una vivienda era en realidad un depósito clandestino con estanterías repletas de mercadería.

Allí los oficiales incautaron 12.668 artículos, entre ellos termos, jarras y vasos térmicos, mates y bombillas con la inscripción apócrifa “Stanley”. Muchos estaban ya embalados, mientras que otros permanecían en blanco a la espera de ser estampados.

Entre las pruebas también se halló una factura que conectaba a los responsables con una segunda imprenta, ubicada en Liniers, que también fue intervenida.

En el operativo en Parque Avellaneda, los oficiales se toparon con once cajas de packaging falso y dos máquinas láser listas para estampar logos, lo que evidenciaba un circuito organizado de falsificación y comercialización.

La participación de organismos estatales fue clave. La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) se hicieron presentes en la gráfica de San Pedro, donde constataron irregularidades en materia de seguridad e higiene, labrando actas de intimación.

Uno de los aspectos más preocupantes es el riesgo sanitario. Los productos truchos no cumplen con las normas de fabricación establecidas por el Código Alimentario Argentino, la legislación nacional y la normativa del Mercosur.

En lugar de acero inoxidable 304 libre de BPA —material apto para el contacto con alimentos—, suelen fabricarse con metales de baja calidad o con componentes prohibidos, lo que puede afectar directamente la salud de los consumidores.

Fuentes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recordaron que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) es el encargado de certificar que el acero utilizado sea apto para bebidas y alimentos.

“Comprar un termo o un mate falsificado no solo significa caer en una estafa económica, sino también poner en juego la salud propia y la de la familia”, explicaron.

El negocio de las falsificaciones no es menor en la Argentina. Según datos de la Cámara de la Industria Argentina de Comercio, este tipo de delitos genera pérdidas millonarias tanto para las empresas afectadas como para el Estado, que deja de percibir impuestos.

En el caso particular de las imitaciones de termos, el mercado informal creció de manera significativa en los últimos años, impulsado por la fuerte demanda del producto original y su costo elevado.

La justicia dispuso el secuestro total de la mercadería en el marco de los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal de la Nación, que sancionan a quienes vendan mercaderías peligrosas para la salud y a quienes falsifiquen marcas.

El caso podría derivar en imputaciones graves para los responsables de la organización, que se valían de plataformas digitales para camuflar su actividad ilegal.

La investigación continúa abierta, y no se descarta que los allanamientos recientes sean apenas la punta del iceberg de un entramado mayor que involucre a otros proveedores y distribuidores de falsificaciones en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

La operación en Liniers y Parque Avellaneda no solo desarticuló un negocio millonario de productos apócrifos, sino que también encendió una alarma sobre los riesgos de consumir artículos sin certificación.

El caso deja al descubierto que, detrás de cada imitación barata, puede esconderse una amenaza silenciosa para la salud y una maquinaria ilegal que erosiona la economía formal.