La Ciudad corta subsidios a cooperativas ligadas a Grabois

Con el foco puesto en la transparencia y la equidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cortar con los traslados pagos para un grupo de cartoneros provenientes del conurbano, muchos de ellos vinculados a cooperativas cercanas al dirigente Juan Grabois.

La medida apunta a reorganizar el sistema de reciclado urbano y terminar con beneficios que, según afirman desde la administración porteña, eran “desproporcionados e injustificados”.

Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema. El esfuerzo del Estado debe estar al servicio de todos los vecinos, no de unos pocos, expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar la decisión.

La estructura del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires está conformada por más de 6.000 recuperadores urbanos distribuidos en 12 cooperativas que realizan la recolección diferenciada de residuos.

Estas cooperativas cumplen un rol fundamental en el circuito sustentable de la Ciudad: recolectan, clasifican y envían los materiales reciclables a los Centros Verdes para su tratamiento. Pero una parte de ese engranaje operaba bajo condiciones distintas al resto.

En concreto, 3.100 de esos trabajadores, pertenecientes a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur, se trasladaban cada día desde distintos municipios del conurbano bonaerense hasta la Ciudad con el transporte financiado íntegramente por el Estado porteño.

Ese privilegio, según las autoridades, implicaba una asignación de fondos de unos 6.000 millones de pesos al año, un número que genera debate cuando se lo contrasta con los recursos destinados al resto del sistema.

El contraste es notorio: los más de 3.000 cartoneros restantes, que trabajan con igual compromiso desde distintos barrios porteños, nunca recibieron ese mismo beneficio. Esa diferencia es, precisamente, la que ahora el Gobierno de la Ciudad busca erradicar con una serie de reformas estructurales.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana sostienen que el nuevo esquema garantiza condiciones igualitarias para todos los trabajadores del reciclado.

“Estamos construyendo un sistema justo y eficiente. No puede haber cartoneros de primera y de segunda. Queremos que cada peso que pone el vecino se traduzca en una mejora concreta y visible”, afirmó el ministro Ignacio Baistrocchi.

El retiro del subsidio al transporte diario es solo una de varias medidas orientadas a transparentar y profesionalizar el sistema. En los últimos meses, la administración porteña avanzó en tres cambios clave:

Bancarización total: A fines de 2024, más de 2.000 recuperadores aún cobraban su retribución a través de las cooperativas, que recibían el dinero y luego lo distribuían entre sus miembros.

Hoy, todos los cartoneros perciben sus haberes directamente en cuentas del Banco Ciudad, eliminando intermediarios y mejorando el control del uso de los recursos públicos.

Control biométrico de asistencia: Para evitar el pago a personas que no realizan efectivamente su labor, se instaló un sistema de control por huella digital en los Centros Verdes y predios logísticos.

Como resultado, en el primer mes de implementación, los descuentos por ausencias injustificadas crecieron un 45%.

Fortalecimiento de rutas: Se reforzaron los recorridos de recolección en zonas de alta generación de residuos, con el objetivo de hacer más eficiente el servicio y evitar superposiciones innecesarias.

El redireccionamiento de los fondos que se destinaban al traslado desde la Provincia servirá, además, para obras concretas dentro del sistema: mejoras en la infraestructura de los Centros Verdes, adquisición de nuevos vehículos y maquinaria, capacitación de los trabajadores y ampliación de la capacidad operativa de las cooperativas.

La decisión también tiene un fuerte componente político. Desde hace años, el dirigente Juan Grabois —referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos— mantiene vínculos estrechos con algunas de las cooperativas afectadas.

Por eso, el recorte fue leído en algunos sectores como una avanzada contra estructuras de poder popular construidas al calor de la economía informal. Desde la Ciudad, sin embargo, rechazan esa lectura y subrayan que “no se trata de ideologías, sino de equidad y eficiencia”.

Más allá del debate ideológico, lo cierto es que el sistema necesitaba modernización. A la par del crecimiento de los residuos reciclables y la mayor conciencia ambiental de la ciudadanía, el desafío del Gobierno porteño es adecuar la infraestructura y los procesos a las nuevas demandas. En ese camino, eliminar beneficios que no llegaban a todos por igual parece un paso ineludible.

Por otra parte, el modelo de reciclado en Buenos Aires ha sido históricamente tomado como ejemplo en América Latina.

Pero también fue objeto de críticas por su dependencia de estructuras sociales con escaso control estatal. La bancarización y los nuevos sistemas de trazabilidad buscan responder a ese reclamo de mayor institucionalidad.

Consultados por este medio, algunos recuperadores ven con buenos ojos los cambios. “Que cobremos directamente y que nos pidan cumplir con la asistencia es justo.

El problema es que hay compañeros que ahora no saben cómo llegar desde la Provincia. Ojalá se piense alguna alternativa”, opinó Mariana, trabajadora de una de las cooperativas afectadas.

Desde el oficialismo aseguran que no se busca dejar a nadie afuera, sino reordenar. “Las puertas están abiertas para todos los que quieran trabajar en condiciones regulares. Lo que no podemos permitir es que se mantenga un sistema de privilegios con plata pública”, agregaron desde Espacio Público.