Allanaron dos oficinas que vendían iPhones de contrabando

En pleno corazón del microcentro porteño, dos oficinas que operaban como discretos showrooms de productos Apple fueron allanadas por la Policía de la Ciudad, dejando al descubierto una organización que, durante meses, habría comercializado dispositivos de alta gama ingresados ilegalmente al país.

El operativo, que forma parte de una investigación por contrabando, permitió secuestrar 126 iPhones, dinero en efectivo y otros elementos clave, y culminó con cuatro personas imputadas.

Este tipo de maniobras no solo afecta al fisco, sino también a los consumidores, que muchas veces ignoran el origen ilegal de lo que compran, explicó una fuente judicial cercana a la investigación, que remarcó la gravedad del delito en el contexto de creciente informalidad en el mercado tecnológico.

Todo comenzó con un correo electrónico. En noviembre de 2024, una denuncia anónima ingresó al sistema judicial advirtiendo sobre movimientos sospechosos en dos oficinas del barrio porteño de San Nicolás.

Allí, según el texto, se vendían productos Apple —en especial teléfonos iPhone— sin papeles, sin garantías oficiales y, sobre todo, sin haber pasado por Aduana.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo del doctor Gustavo Meirovich, quien encomendó la investigación a la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

Los detectives comenzaron a trabajar bajo perfil, utilizando análisis de redes sociales, publicaciones en sitios de compraventa y fuentes abiertas. Poco a poco, lograron reconstruir el funcionamiento de una red informal que operaba con eficiencia empresarial.

Las oficinas, ubicadas en Uruguay al 700 y Bartolomé Mitre al 700, no exhibían carteles ni marcas visibles. Funcionaban como showrooms exclusivos donde el público podía acceder solo con cita previa, una práctica común entre quienes buscan mantener cierto hermetismo.

Sin embargo, la informalidad era evidente: pagos en efectivo, productos sin factura ni ticket fiscal, y precios muy por debajo del mercado oficial.

Con pruebas suficientes, el juez Meirovich ordenó los allanamientos simultáneos, que se concretaron días atrás.

El resultado sorprendió incluso a los propios investigadores: 126 teléfonos iPhone de distintos modelos, todos en perfectas condiciones, la mayoría aún dentro de sus cajas.

Además, se secuestraron un iPad, una notebook, más de 50 cables USB, decenas de cargadores y fundas, una máquina de contar billetes, y documentación relevante con anotaciones financieras. También se incautaron 15.885 dólares y 47.000 pesos en efectivo.

Los cuatro imputados —tres mujeres y un hombre— fueron notificados en el lugar. Aún no se conocen sus antecedentes judiciales, pero fuentes policiales confirmaron que se encuentran bajo la lupa por posibles vínculos con otras maniobras similares en la ciudad.

No se descarta que la red tenga conexiones con proveedores internacionales que envían los dispositivos sin declarar, vulnerando los controles aduaneros y generando un perjuicio económico al Estado argentino.

El contrabando de productos tecnológicos es una problemática creciente. En un contexto de alta inflación y restricciones a las importaciones, los precios de celulares y dispositivos en comercios oficiales se dispararon, y esto empujó a muchos consumidores a buscar alternativas más accesibles.

Este fenómeno alimenta un mercado negro que mueve cifras millonarias y que, como en este caso, muchas veces se esconde detrás de fachadas discretas o perfiles de redes sociales atractivos y bien diseñados.

Según datos oficiales de la Dirección General de Aduanas, entre 2023 y 2024 se detectaron más de 1400 casos de ingreso ilegal de electrónica de consumo, en su mayoría celulares de alta gama.

Se estima que por cada iPhone ingresado sin declarar, el Estado deja de percibir entre 500 y 1000 dólares en impuestos. Y lo más preocupante: esos dispositivos muchas veces terminan en manos de usuarios que no tienen forma de reclamar ante fallas, robos o estafas.

Para las autoridades, este caso representa un golpe significativo a una estructura que, aunque no gigantesca, actuaba con una logística aceitada. “Hay una percepción equivocada de que vender tecnología por fuera del sistema es un delito menor.

Pero estamos hablando de evasión fiscal, contrabando, lavado y, muchas veces, de estructuras más complejas detrás del mostrador”, aseguraron fuentes de la causa.

Además, el operativo resalta la importancia de las denuncias anónimas como punto de partida para desbaratar estas redes. En este caso, un simple correo electrónico fue suficiente para encender la alarma y desencadenar una investigación que duró más de seis meses.

El Juzgado N° 8 y la Policía de la Ciudad continúan ahora con la reconstrucción de las operaciones comerciales, mientras analizan los dispositivos secuestrados en busca de más evidencia.