La Ciudad destina fondos para sostener apoyos esenciales

Con una medida que busca aliviar el ahogo económico que viven muchas instituciones que atienden a personas con discapacidad, el Gobierno porteño lanzó un subsidio extraordinario destinado a sostener servicios esenciales en centros y hogares inscriptos bajo la Ley 24.901. El objetivo: evitar el colapso de un sistema que es vital para miles de familias.

Si estas instituciones caen, no hay plan B. Somos el sostén diario de personas que no tienen otra red de apoyo, advierte María Laura Etcheverry, directora de un Centro Educativo Terapéutico en Villa Devoto, que recibe a más de 60 personas con discapacidad. El anuncio del subsidio es, para muchos como ella, un salvavidas, aunque transitorio.

El Programa de Apoyo a las Instituciones para Personas con Discapacidad – Ley 24.901, presentado recientemente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se materializa como una ayuda económica de carácter excepcional y urgente.

El subsidio equivale al 24% de la facturación de abril de 2025 por vacantes efectivamente ocupadas, y será distribuido en dos cuotas: la primera dentro de los 10 días hábiles tras la aprobación y la segunda, 20 días después de la primera liquidación.

El beneficio está dirigido exclusivamente a instituciones con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que presten servicios bajo el marco de la Ley Nacional 24.901 y se encuentren debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores. Esto incluye a los Centros de Día, los Centros Educativos Terapéuticos (CET), los Hogares y las Residencias.

Estas instituciones tienen una función irremplazable: ofrecen atención personalizada, estimulación cognitiva, acompañamiento terapéutico y, en muchos casos, alojamiento a personas con discapacidad que requieren apoyos permanentes. Muchas funcionan desde hace décadas, a pulmón, cubriendo un déficit estructural del Estado.

La situación económica del país, con una inflación acumulada de más del 140% interanual, golpeó con dureza al sector.

Según datos de la Red de Prestadores para Personas con Discapacidad, al menos 4 de cada 10 instituciones presentan serias dificultades para afrontar el pago de salarios, alquileres y servicios básicos. Algunas han tenido que reducir vacantes o cerrar turnos, dejando a familias sin opciones.

En ese contexto, el subsidio anunciado es bien recibido, aunque no soluciona de fondo la crisis. “Esto es un paliativo.

Lo que necesitamos es previsibilidad, financiamiento sostenido y actualización de aranceles acorde a la realidad económica”, asegura Etcheverry. El reclamo es compartido por otras entidades del sector, que también exigen una mayor articulación con PAMI, obras sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las instituciones interesadas deberán presentar su solicitud a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) entre el 27 de mayo y el 6 de junio inclusive.

La documentación requerida incluye la nota de solicitud firmada, el certificado del Registro Nacional de Prestadores, los estatutos, actas de designación y diversos comprobantes fiscales, además de una declaración jurada sobre la facturación de abril.

El compromiso de quienes accedan al subsidio incluye garantizar la continuidad de las prestaciones, utilizar los fondos exclusivamente para gastos operativos (como sueldos, alimentación, transporte o mantenimiento), rendir cuentas en un plazo de seis meses desde el segundo desembolso y colaborar con eventuales auditorías a cargo de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad).

La decisión de asistir financieramente a estas entidades no es solo una política de apoyo institucional: es un acto de justicia social.

Miles de personas con discapacidad dependen diariamente de estos espacios, no solo para su bienestar físico y emocional, sino también para sostener sus vínculos, sus rutinas y sus pequeños logros cotidianos.

“Yo veo cómo mi hijo progresa, cómo se siente incluido, cómo espera con entusiasmo cada mañana ir al centro”, cuenta Emiliano Rodríguez, padre de un joven con parálisis cerebral que asiste a un hogar en Caballito. “Cerrar estas instituciones sería arrasar con vidas completas. No exagero”, remarca.

La fragilidad del sistema de atención a personas con discapacidad no es nueva. Desde hace años, el sector reclama una mirada más integral por parte del Estado, con políticas públicas sostenidas en el tiempo, presupuesto asignado, y una verdadera inclusión en el diseño de las estrategias sociales y sanitarias.

Esta medida, aunque limitada en su duración y alcance, marca al menos un reconocimiento oficial del problema. Resta ver si se convierte en el inicio de un compromiso más amplio o si queda, como tantas veces, en un parche más ante una crisis que nunca termina de resolverse del todo.