La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de prestamistas colombianos

La desarticulación de una banda de prestamistas ilegales que operaba bajo el sistema “gota a gota” sacude al conurbano bonaerense.

Conformada por ciudadanos colombianos, la organización fue desbaratada por la Policía de la Ciudad tras una serie de allanamientos en Quilmes, Lomas de Zamora y Berazategui. Dinero en efectivo, armas, vehículos de lujo y pruebas claves fueron secuestradas en los operativos.

“Estas organizaciones no sólo lucran con la desesperación ajena, sino que someten a las víctimas a un régimen de amenazas y violencia.

Esta banda actuaba con total impunidad y fue desactivada gracias a una investigación paciente y meticulosa”, expresó una fuente de la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó en marzo, en plena zona de Constitución, cuando efectivos de la Comisaría Comunal 1 Sur interceptaron a un joven de 24 años que manipulaba una suma llamativa de dinero a bordo de una moto sin papeles.

En su poder, los agentes hallaron más de 6 millones de pesos argentinos, 300 mil pesos colombianos, un celular de alta gama y un rodado sin seguro ni registro. Fue la primera ficha que cayó y destapó el resto del entramado.

La banda operaba con una estructura aceitada y diseminada por el sur del conurbano. Utilizaban el conocido sistema “gota a gota”, una modalidad originaria de Colombia que consiste en ofrecer préstamos fáciles y rápidos a personas en situación de vulnerabilidad, pero con intereses diarios tan altos que las deudas se vuelven impagables.

El negocio es perverso: una persona que recibe, por ejemplo, 50 mil pesos, puede terminar devolviendo más de 100 mil en cuestión de semanas. Y si no paga, vienen las amenazas, el apriete y el secuestro de bienes.

Tras la primera detención, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2 ordenó un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

Lo que hallaron allí confirmó lo que se temía: más de 14 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, vehículos de alta gama, una máquina contadora de billetes, celulares y documentación que evidenciaba el alcance de la red. La casa, aunque en apariencia modesta, operaba como un verdadero centro financiero ilegal.

Pero el operativo no terminó ahí. Los investigadores continuaron la pista y llevaron adelante más allanamientos en diferentes puntos del conurbano. Se detuvo a dos ciudadanos colombianos más, todos vinculados a la misma estructura.

En total, se secuestraron once motocicletas que los prestamistas usaban para cobrar a domicilio, cinco autos, dos escopetas, dos pistolas de alto calibre, más de 30 millones de pesos en efectivo, más de 10 mil dólares y una enorme cantidad de documentación con listas de deudores, montos prestados y cronogramas de cobro.

Las víctimas, en su mayoría trabajadores y comerciantes de barrios populares, aceptaban estos préstamos como último recurso ante la imposibilidad de acceder al sistema financiero tradicional.

Pero al poco tiempo, comenzaban a recibir amenazas: primero telefónicas, después presenciales. A algunos les quitaron sus motos o autos como garantía forzada, a otros les rompieron vidrieras o agredieron físicamente. La lógica del miedo funcionaba como un arma más de la organización.

Este tipo de redes, lejos de ser improvisadas, funcionan como estructuras criminales con jerarquías, roles definidos y una logística aceitada.

Los prestamistas que visitaban a los deudores a diario eran sólo la cara visible de un negocio mucho más grande, donde había financistas, encargados de la contabilidad, recolectores de dinero, responsables de “castigos” y encargados de mantener el silencio entre los damnificados.

Según datos de la Policía de la Ciudad, esta banda podría haber movido más de 200 millones de pesos en los últimos dos años.

Los investigadores no descartan que existan otras células activas bajo el mismo modus operandi, e incluso ya se están cruzando datos con otras fuerzas de seguridad y organismos nacionales.

Lo preocupante es que esta modalidad crece en zonas del conurbano donde la exclusión financiera es la norma. Donde no llega un banco, llega la gota a gota.

Y con ella, una espiral de deudas, violencia y sometimiento. A diferencia de un prestamista informal, estos grupos se organizan con lógica mafiosa: saben todo sobre sus víctimas, desde dónde viven hasta a qué colegio van sus hijos. Y ese conocimiento es la base de su dominio.

En lo personal, como periodista, me tocó hablar con una de las víctimas en off. Es un comerciante de Berazategui que pidió un préstamo de 40 mil pesos para cubrir gastos de mercadería tras la pandemia. Pagó dos semanas, pero después se atrasó.

Lo llamaron todos los días, le rayaron el auto, y una noche le dejaron una nota con una amenaza. Terminó entregando el vehículo para saldar la deuda. “Preferí perder el auto a que les pase algo a mis hijos”, me dijo con los ojos llenos de angustia. Su historia, como tantas otras, demuestra que detrás de cada cifra incautada hay vidas vulneradas y miedo latente.

El trabajo de la Policía de la Ciudad fue clave, pero esta redada también plantea un llamado de atención: hay una economía paralela que crece alimentada por la desesperación, y no se combate sólo con allanamientos.

Se necesita presencia del Estado, acceso al crédito formal, educación financiera y protección real para quienes se animen a denunciar.