Los centros de salud mental en la Ciudad y la comunidad en general

Cuando sea 1° de enero de 2020 empezará el año que el Estado se fijó como límite para que su sistema de atención de la salud mental estuviera reconvertido. Según la ley de salud mental, sancionada en 2010, y su reglamentación posterior en 2013, esa reconversión implica que ya no haya hospitales de los llamados “monovalentes” o “de especialidad” -enfocados exclusivamente en la atención psiquiátrica- y que, en cambio, haya una “red de servicios con base en la comunidad”, en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino y cooperativas y talleres laborales, entre otros dispositivos. Pero aunque falta algo más de un semestre para ese plazo, y según confirmó el titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, aún quedan 42 hospitales públicos monovalentes en Argentina.

“Algunos de los monovalentes ya están en proceso de reconversión”, sostuvo Grasso. Ante la consulta sobre cuántos ya atraviesan ese proceso, no aportó mayores precisiones: “Algunos”. “No es que no se hizo nada en estos casi diez años desde la sanción de la ley, pero hubo pocos avances. Hay distancia entre lo que debió hacerse y se hizo”, reconoció el funcionario, y argumentó: “No se ha avanzado con la celeridad que hemos querido: se trata de una transición muy compleja porque requiere un cambio cultural. La sociedad ha contribuido a la estigmatización, a asociar al paciente de un hospital psiquiátrico con la locura, el encierro, el peligro, y los medios de comunicación tienen un rol importante para lograr que esto cambie”.

“¿Con qué presupuesto cuenta al área de Salud Mental para cumplir con la reconversión de su sistema de atención?”, consultó Clarín a Grasso. “Poco. No tengo los números acá, pero Salud Mental recibe aproximadamente un 2% del total del presupuesto de Salud, tiene que incrementarse”, respondió. Luego pudo brindar más detalles: el total anual que el Estado nacional destina a salud mental a través de su Secretaría de Salud, según el funcionario, es de unos 1.744.000.000 pesos. “El 80 por ciento del presupuesto de la Dirección va a los monovalentes: hay que descentralizar y redistribuir esos recursos”, dijo.

Aunque 2020 está señalado por la ley como el año en que los hospitales de especialidad psiquiátrica deberían integrar otras especialidades o reconvertirse en dispositivos de atención comunitaria, ese proceso no asoma. En ese contexto, la preocupación entre las asociaciones de profesionales de la salud mental crece. “Está clarísimo que no se van a poder cerrar los monovalentes porque no se construyó la red de atención intermedia, basada en un modelo de psiquiatría comunitaria, que tiene en una punta a los hospitales de especialidad reservados para un paciente descompensado, y en la otra punta, las casas de convivencia, los hospitales de día, los talleres que preparan a los pacientes para una salida laboral”, describió Santiago Levin, que preside la Asociación de Psiquiatras Argentinos.

“Requiere una inversión de muchos millones durante muchos años: hay que desarrollar la red antes de cerrar los monovalentes pero este es un país que, en vez de invertir en salud, desinvierte”, sumó. Según el médico psiquiatra, “cualquier patología compensada puede tratarse en la red intermedia, pero es importante que el hospital de especialidad siga estando disponible para cuando hay una descompensación aguda”.

Claudia Borensztejn, titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), reflexionó: “El problema de la ley de salud mental no es lo que establece, sino que no se aplica: la salud mental está desfinanciada, no hay presupuesto para llevar adelante la red intermedia y, en ese contexto, cerrar un monovalente puede dejar a los pacientes en la calle, sin recursos ni económicos ni simbólicos. A la vez, el enfermo psiquiátrico con padecimiento grave necesita un lugar especial en el que pueda deambular, hacer talleres, y eso no puede ocurrir en un hospital general, por eso es importante que se desarrolle la red intermedia pero que no se cierren los hospitales de especialidad”.

Antonio Di Nanno, médico psiquiatra y secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, coincidió en destacar la importancia de que la red se desarrolle para no desproteger a los pacientes: “El Estado en estos diez años no ha generado los espacios intermedios que garantizan que las personas no queden en la calle si cierran los hospitales de especialidad. El privado tampoco ha invertido porque considera que las instituciones intermedias no son rentables. Si no hay inversión, esto no es una reforma sino mandar a vivir a los más desprotegidos debajo de un puente, porque no hay manera más cruel de deshacerse de una persona que arrojarla a una ciudad donde todo el mundo le tiene miedo. Hay provincias que han avanzado, pero el Estado nacional no ha hecho nada”.

Alberto Trímboli es psicoanalista, presidente de la Federación Mundial de Salud Mental y está a cargo del Servicio de Adicciones del Hospital Álvarez. “La ley de salud mental es una ley con perspectiva de derechos, pero no se cumple. La gran mayoría del presupuesto de salud mental, al menos en la Ciudad, va a los monovalentes y eso traba la reconversión: se debe tomar la decisión política de impulsarla. Hay provincias en las que los cambios avanzaron, como Río Negro, y tras como Entre Ríos o La Rioja que llevan las internaciones del monovalente al hospital general y van sustituyendo el hospital con dispositivos alternativos, pero en general, en el país, la reconversión es casi inexistente”, describió.

“No se está pensando en cerrar los hospitales monovalentes ni en tomar ninguna decisión que perjudique a los pacientes con padecimientos mentales. Tenemos que seguir trabajando para llevar adelante la reconversión del sistema que integre los tratamientos de salud mental, de adicciones y de salud general”, sostuvo Grasso. Según adelantó, los datos preliminares del censo de personas internadas en hospitales monovalentes públicos y privados arroja que, en promedio, esas internaciones se extienden por ocho años. Uno de los objetivos de la ley sancionada hace casi una década es reducir esas internaciones y que el tratamiento ocurra a través de dispositivos más integrados a la comunidad.